El Pleno del Ayuntamiento de Coria del RÃo ha aprobado la aplicación del Decreto-ley andaluz 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, con el objetivo de incrementar de forma inmediata la oferta de vivienda protegida en el municipio y facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanÃa.
La iniciativa permitirá transformar determinados solares y edificios actualmente destinados a usos terciarios, de oficinas o dotacional privado en viviendas protegidas, asà como aumentar hasta en un 20 % el número de viviendas en parcelas residenciales, siempre que se destinen Ãntegramente a este tipo de vivienda a precio limitado. Con esta medida, el Consistorio busca dar respuesta a la escasez de viviendas asequibles y al encarecimiento del mercado inmobiliario.
Desde el Ayuntamiento se subraya que Coria del RÃo cuenta con un parque de viviendas municipales completamente ocupado, lo que hace necesaria la adopción de nuevas fórmulas para ampliar la oferta. El alcalde, Modesto González, ha señalado que «seguimos comprometidos con los jóvenes, las familias monoparentales, las personas con menos recursos y los mayores que no disponen de vivienda en propiedad», colectivos que, según ha indicado, encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda protegida, ya sea pública o privada.
De forma ágil y eficaz
El regidor ha añadido que esta normativa «permite actuar de forma ágil y eficaz», aprovechando el suelo urbano existente y evitando largos procesos de modificación del planeamiento. «Es una forma responsable y rápida de generar nuevas viviendas protegidas sin fomentar la especulación ni depender de cambios normativos que se prolongan durante años», ha apuntado.
La aplicación del decreto se extenderá a todas las zonas residenciales y a las áreas de uso terciario del término municipal, siempre bajo una evaluación técnica individualizada por parte de los servicios de Urbanismo. El Ayuntamiento ya ha identificado una serie de solares y parcelas que cumplen los requisitos para acogerse a estas medidas, aunque cualquier otro inmueble que reúna las condiciones podrá solicitar su inclusión.
La normativa fija además plazos concretos para garantizar la ejecución de los proyectos: dos años para solicitar la licencia y tres años para ejecutar las obras una vez concedida, con el fin de asegurar que las nuevas viviendas protegidas se materialicen en un periodo razonable de tiempo.