La muerte de Leyre, la bebé de 14 meses que falleció el pasado 29 de mayo en el Hospital Virgen del Rocío tras permanecer dos meses ingresada por graves quemaduras, ha abierto un nuevo escenario judicial. La familia paterna de la menor solicitará el ingreso en prisión provisional de la expareja de la madre, el hombre que se encontraba bañando a la niña cuando sufrió las lesiones el pasado Lunes Santo, 30 de marzo, en una vivienda de Bormujos.

Los abogados que representan al padre biológico y al abuelo paterno de la menor aseguran que no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido, incluido un posible homicidio doloso. Los letrados sostienen además que la madre de la niña nunca denunció a su entonces pareja tras los hechos y que durante los dos meses que Leyre permaneció ingresada continuó manteniendo contacto con él. Según la versión de la familia paterna, al padre biológico siempre se le trasladó que la menor había sufrido un accidente, sin ofrecerle más detalles sobre lo sucedido.

La acusación particular también ha puesto el foco en diversos episodios previos relacionados con la custodia de la menor. Los abogados recuerdan que las denuncias por malos tratos presentadas por la madre contra el padre biológico fueron archivadas y sostienen que existieron otros incidentes relacionados con el estado de salud de la niña antes de las quemaduras. A su juicio, la proximidad de una vista para fijar medidas familiares podría haber influido en la gestión de la información trasladada al progenitor.

Mientras tanto, las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan en una dirección diferente. Según ha adelantado Diario de Sevilla, se descarta que los hechos estén relacionados con un supuesto de violencia de género o violencia vicaria. Los investigadores señalan que no consta ninguna denuncia de la madre contra quien era entonces su pareja sentimental y consideran que las pesquisas se centran principalmente en determinar si pudo existir algún tipo de negligencia en el cuidado de la menor.

La madre de Leyre, Andrea Burdalo, ha defendido públicamente que las lesiones sufridas por su hija no fueron accidentales y ha reclamado justicia en diversas entrevistas concedidas a medios de comunicación. Tanto ella como la abuela materna de la niña cuestionan la versión ofrecida por el investigado, quien habría manifestado que la menor abrió accidentalmente el grifo del agua caliente mientras él se ausentó unos instantes para coger una toalla.

La investigación judicial continúa abierta en el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla. Tras el fallecimiento de la menor, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido las pesquisas, que prácticamente se reinician a la espera de los resultados de la autopsia. El investigado ya declaró ante la Policía y posteriormente ante la juez, aunque hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra él.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que «todas las hipótesis están abiertas» mientras se esperan las conclusiones forenses que permitan determinar la causa exacta de la muerte y orientar el curso de la investigación. Las autoridades han pedido prudencia y respeto al proceso judicial ante un caso que ha generado una gran conmoción social y familiar.