La Audiencia de Sevilla ha iniciado el juicio contra los exalcaldes socialistas de Huévar del Aljarafe Rafael Moreno y Áurea Moreno, acusados de un delito de prevaricación por la contratación presuntamente irregular de vecinos del municipio entre 2014 y 2019. Según ha publicado Diario de Sevilla, ambos negaron los hechos ante el tribunal y defendieron que los reparos formulados por la interventora municipal estaban vinculados a cuestiones presupuestarias, no a irregularidades en el procedimiento.

El caso se centra en una serie de contratos municipales que, según la Fiscalía, se realizaron «de forma absolutamente irregular». El Ministerio Público sostiene que «no existía una bolsa de empleo municipal, no se hizo una valoración de méritos de candidatos, no se realizó publicidad de las ofertas de empleo y ni siquiera se incoaron expedientes».

Frente a esa acusación, los dos antiguos regidores defendieron que actuaron convencidos de que los expedientes tramitados eran correctos. Rafael Moreno, alcalde entre 1997 y 2015, aseguró que los documentos llegaban a su firma después de pasar por los servicios municipales. «Los expedientes me llegaban para mi firma y pensábamos que todo el procedimiento era correcto. Nunca tuve constancia de ningún problema. Entendí y entiendo que todo estaba perfectamente», declaró ante la Sección Primera.

La defensa de Rafael Moreno

Durante su declaración, Rafael Moreno insistió en que nunca fue advertido de que las contrataciones carecieran de publicidad, valoración de méritos o expediente administrativo. Según su versión, los reparos de la interventora se referían únicamente a la existencia de crédito para afrontar esos contratos.

«No me consta ningún reparo de esas características», afirmó al ser preguntado por si la interventora le había indicado que la convocatoria de las ofertas de empleo no se había publicado conforme a la ley. En la misma línea, añadió: «A mí la secretaria nunca, ni de palabra ni por escrito, me dijo que había irregularidades. Si no, el procedimiento debería haber sido paralizado. Pero nunca vino a decirme que eso no podía hacerse así. Sólo me habló de reparos presupuestarios».

El exalcalde también defendió que la selección de beneficiarios no dependía de una decisión política directa. Según explicó, los criterios eran fijados por «los servicios sociales» o por una mesa de contratación integrada por técnicos, incluida la interventora. «Yo no leía el decreto del reparo porque la interventora me decía el contenido antes. Y lo que me transmitía es que el reparo era por razones presupuestarias», sostuvo.

La acusación por afinidad política

Uno de los aspectos más relevantes de la vista fue la posible relación entre las contrataciones investigadas y la afinidad política de los vecinos beneficiarios. Rafael Moreno lo negó con rotundidad y defendió que el Ayuntamiento atendía a la ciudadanía sin pedir adscripción partidista.

«Tenemos a gala atender a toda la gente, no se les pedía el carnet de ningún partido político», afirmó. Preguntado directamente por si proporcionó esos empleos por afinidad política, contestó: «Nunca jamás».

Áurea Moreno, alcaldesa entre 2015 y 2019, mantuvo una posición similar. Al ser preguntada por su abogado si las contrataciones respondían a criterios políticos, respondió: «No, en absoluto, y todo el mundo lo sabe». También negó haber obtenido un beneficio personal por esas decisiones: «El único beneficio fue la satisfacción de dar tres meses de trabajo a algún vecino».

El contexto económico del Ayuntamiento

La declaración de Áurea Moreno estuvo marcada por la situación económica del Ayuntamiento durante su etapa como alcaldesa. Según explicó, el municipio atravesaba un plan de ajuste económico «muy severo» y la plantilla municipal se había reducido tras un ERE que dejó el número de trabajadores en «veintitantos».

La exregidora defendió que aquel contexto condicionó la gestión de los contratos y aseguró que «para arreglar los contratos» supuestamente irregulares primero «había que hacer el ERE». «A raíz del ERE ya no hubo más reparos. Si no se levantaba el reparo, el trabajador no cobraba», justificó.

Áurea Moreno también se remitió a la actuación de la interventora, de quien dijo que «emitió la certificación justificando las contrataciones». Además, defendió la independencia de la mesa de contratación: «No les di ninguna indicación, ellos sabían hacer su trabajo».

La denuncia de la actual alcaldesa

En la primera sesión del juicio declararon también como testigos la interventora municipal, que continúa en el cargo, y la actual alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno, del PP. Fue la actual regidora quien denunció el caso tras «descubrir» documentación con «nombres, apodos y los votos que se podían recabar en casa casa».

La interventora declaró que no le constaban los expedientes de contratación y situó sus primeros reparos en torno a 2011 o 2012, aunque no pudo precisar con exactitud las conversaciones mantenidas con Rafael Moreno. «No recuerdo las conversaciones con Rafael. A lo mejor se lo dije la primera vez y después ya no hace falta repetirlo. No recuerdo si le advertí verbalmente. Sé que se lo dije, pero no recuerdo si fue con el primer reparo o después», explicó.

La funcionaria reconoció, no obstante, que los políticos «no intervenían» en la mesa de contratación. La actual alcaldesa, por su parte, afirmó que los reparos de la interventora «eran porque no se respetaba la legalidad» y sostuvo que era «vox populi» que los vecinos acudían al Ayuntamiento y se contrataba a quienes se considerase.

María Eugenia Moreno también admitió que se trataba de «contrataciones por un tiempo muy limitado» que favorecían a vecinos «vulnerables». El juicio deberá determinar ahora si los contratos investigados se ajustaron al procedimiento legal y si la actuación de los dos exalcaldes constituye un delito de prevaricación.