El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), indica en una respuesta parlamentaria que las retribuciones y condiciones laborales de la plantilla del hospital comarcal de San Juan de Dios del Aljarafe, enclavado en Bormujos y gestionado por un consorcio conformado por la orden de San Juan de Dios y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), no competen a tal ente compartido, sino que «son competencias del propio hospital y, en su caso, de la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe» prestataria del servicio.
Así figura en una respuesta escrita de Aguirre al diputado autonómico de Adelante Ismael Sánchez (IU), fechada en junio del año pasado y publicada ahora por el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
En dicha respuesta, recogida por Europa Press, Aguirre detalla aspectos de la gestión de este hospital, marcado por los avisos respecto a una insuficiente financiación, la permanente «huida de profesionales a otros centros» a la búsqueda de mejores condiciones laborales y un supuesto déficit en los servicios prestados.
Y es que si bien tras no pocas reivindicaciones el proyecto presupuestario de la Junta de Andalucía para 2020 incluía 5,6 millones de euros adicionales para la financiación de este centro hospitalario, la plantilla reclamaba al menos siete millones de euros más respecto a las aportaciones anuales de la Junta de Andalucía.
Dicho aumento en la financiación pública del hospital del Aljarafe fue aprobado, por cierto, después de que la plantilla del mismo alertase en el otoño de 2019 de que el «déficit de recursos» se traducía en la suspensión de 109 intervenciones quirúrgicas, la suspensión de 41 diagnósticos al mes, 6.277 pacientes pendientes de cita que serían atendidos con dos meses de demora y 616 pacientes que serían intervenidos fuera del plazo estipulado legalmente, entre otros problemas.
Los médicos no ven el aumento presupuestario traducido en mejoras de las condiciones
Pero después de que los presupuestos de 2020 de la Junta incluyesen finalmente los citados 5,6 millones de euros adicionales para la financiación ya fijada para el hospital, el comité de empresa, encabezado por CCOO, avisaba de la «negativa» de la dirección del centro a destinar ese dinero a «mejorar las condiciones laborales y salariales de la plantilla».
El Sindicato Médico de Sevilla, de su lado, viene avisando de la «sangría» de profesionales que sufre este hospital y de que «ningún facultativo acepta las ofertas de trabajo del centro». «Cuando se elevó el presupuesto asignado por la Consejería al centro, que tenía que haber ido a mejoras laborales, la empresa lo destinó a otros fines sin aportar información o justificación alguna«, criticaba el Sindicato Médico, avisando de que «una financiación insuficiente no puede traducirse en un maltrato sistemático a los trabajadores y una grave merma de la calidad asistencial».
Entidad compartida entre el SAS y la Orden San Juan de Dios
En ese sentido, en la mencionada respuesta del consejero Jesús Aguirre a la pregunta del diputado de Adelante Ismael Sánchez, el mismo detalla que «el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el SAS y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios«.
El consorcio, según precisa, cuenta con «un consejo rector como superior órgano de gobierno y administración, de una Presidencia y de una Vicepresidencia», pero «no dispone de estructura administrativa propia, siendo ejercidas estas funciones por personal de la Consejería de Salud y del hospital», que presta la asistencia sanitaria «a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe».
«En ningún momento las retribuciones y condiciones laborales del personal corresponden al Consorcio, sino que son competencias del propio hospital, y en su caso, de la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe», asegura el consejero de Salud, agregando que a mediados de 2020 el centro afrontaba la «adaptación a la normativa en cuanto a consorcio y en cuanto a la normativa del régimen presupuestario, definiendo el modelo de financiación y su cuantificación de acuerdo a lo recogido en sus estatutos».