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Durante el último pleno ordinario del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, gobernado por la popular María Luisa Moya junto a Cambia; el edil de Planificación Urbana, Carlos Leo, ha avisado de que tanto él como la concejala Dolores Amaya han recibido llamadas procedentes de «números anónimos» con «amenazas» e insultos, extremo que ya ha sido «puesto en manos de la autoridad competente».
En concreto, el edil Carlos Leo ha manifestado dicha situación en el turno de
ruegos y preguntas, en contestación a una pregunta de la concejala socialista
Inmaculada Muñoz sobre las solicitudes vecinales de información sobre el proyecto
de rehabilitación de 304 viviendas de la barriada de Santa Isabel, motivo de una
manifestación celebrada el pasado martes a convocatoria de la asociación de
vecinos de dicha barriada y la de San José Obrero.
El concejal ha señalado así tales llamadas anónimas con mensajes amenazantes
e insultos, incluso de madrugada en el caso de la concejala Dolores Amaya,
exponiendo que «se ha creado un clima que no se corresponde con la realidad»;
ante lo cual la socialista Inmaculada Muñoz ha lamentado esta situación, poniendo
de relieve que también en la etapa de gobierno del PSOE «pasaban este tipo de
cosas, de amenazas»; e insistiendo en que es «muy lamentable» lo sucedido.
La situación del proyecto
La concejala del PSOE, en cualquier caso, ha indicado que los representantes
vecinales «quieren que se les reciba y estar informados de manera más asidua»
sobre el proyecto, exponiendo el concejal popular de Planificación Urbana que en
este asunto, las ayudas europeas han sido concedidas «a las comunidades de
propietarios» y que el Ayuntamiento «no gestiona ni un euro» de estos fondos.
El Consistorio, según Carlos Leo, recibió a una representación de la asociación
vecinal el pasado 4 de febrero entregando «una copia del proyecto», que ha sido
encargado por las comunidades de propietarios a la Confederación de
Cooperativas de Viviendas de España, que habría comunicado según ha detallado
que ya está «terminando de firmar los contratos con la empresa constructora» que
ejecutará las obras de rehabilitación de las viviendas.
Hablamos del proyecto de rehabilitación de 304 viviendas repartidas en 38 bloques
de la barriada de Santa Isabel diseñado por el Ayuntamiento de San Juan, una
actuación subvencionada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía,
gobernada por el PP, con 5,7 millones de euros de los fondos europeos de
recuperación cosechados por el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez y
asignados a la región.
El acuerdo firmado por la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento y el Ministerio
de Transportes para este proyecto incluía, además de la subvención de 5,7
millones, la constitución de una oficina de rehabilitación y vivienda en la barriada
que sería gestionada por el propio Consistorio para atender a los vecinos y
comunidades de propietarios e informarles de todo el proceso para la ejecución de
unas obras que, al estar subvencionadas por fondos europeos de recuperación
cosechados por el Estado, deberán estar finalizadas antes del mes de junio de
2026.
Demandas vecinales
Al respecto, el presidente de la asociación de vecinos Santa Isabel, Antonio
Manzano, avisaba recientemente de que a día de hoy, dicha oficina de información
no fue constituida y de que el Ayuntamiento de San Juan «no ha dado forma» al
proyecto pese al tiempo transcurrido desde la concesión de los fondos europeos.
En ese sentido, manifestaba su temor ante la posibilidad de que estos fondos
europeos «se pierdan» si expira el plazo de junio de 2026 sin la ejecución de las
actuaciones subvencionadas, motivo de la reciente manifestación vecinal.
El edil de Planificación Urbana respondía de su lado que en este proyecto, el
Ayuntamiento de San Juan ejerce el papel de mero «intermediario» y «ya ha hecho
todo su trabajo» al promover la constitución de 12 comunidades de propietarios
que, para acometer las citadas obras subvencionadas, han elegido ya a la
Confederación de Cooperativas de Viviendas de España como «agente
rehabilitador» y han solicitado ya la correspondiente licencia de obras en nueve de
los 12 casos. Por eso, según señalaba, no era necesario crear la citada
oficina