La Audiencia de Sevilla ha archivado las diligencias a tres miembros de la junta de compensación en el caso del presunto desfalco en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla. La Audiencia considera que no se dan «los requisitos exigidos legalmente» para la comisión de los delitos. La decisión deja «sin efecto» el auto de procedimiento abreviado de los vocales de la junta Antonio García, Jorge Herrería y Mariano Gavilán.
La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla de sobreseer las diligencias, como ha adelantado Europa Press, concierne al presunto desfalco que ascendería a 3,7 millones de euros El auto, fechado el pasado 17 de diciembre, es posterior a otro similar de la Audiencia que sobresalía las actuaciones en relación a Francisco Carvajal, presidente de la junta de compensación, Juan Carlos Aguilera, secretario de esta, el tesorero José Carlos López Romero y Antonio Bollo, vocal de la junta.
El auto llega tras la apelación de los vocales Antonio García, Jorge Herrería y Mariano Gavilán, que presentaron recurso ante el Juzgado de Instrucción número uno de Coria del Río contra el auto de febrero de 2019, que ordenaba continuar las actuaciones contra el extesorero de la junta, Julio Mateos Palacios. Mateos Palacios ingresó en prisión en agosto de 2016 y fue puesto en libertad en mayo de 2019. Las actuaciones también se dirigirían contra buena parte del resto de investigados.
El recurso de apelación por parte de los vocales esgrimía que su función dentro de la entidad carecía de «poderes o capacidad obligacional», y señalaba que se había hecho una «errónea valoración de las funciones de los vocales», exponiendo que habían sido «sujetos pasivos», «solo por el hecho de formar parte de la junta de compensación, sin que se haya establecido de forma diferenciada la intervención personal o particular de cada uno de ellos en los hechos».
La Sección Primera de la Audiencia estima, en relación a estos tres miembros, que en su caso «no concurrían los requisitos exigidos legalmente» para la comisión de los delitos que les imputaban, «tanto en lo que se refiere a la falta de control respecto de las actuaciones de los órganos de desarrollo de actividades de la junta de compensación, como respecto de las decisiones adoptadas por las asambleas generales en las que se privó a los socios que no se encontraban al día en el pago de las cuotas, de su presencia en las correspondientes asambleas». Estos otros socios, continúa el auto, han considerado que la situación «constituía una violación de su derecho a la información sobre la evolución de las actividades de la junta de compensación y el estado económico» de esta.
En este caso, prosigue la Audiencia, no concurre «este elemento esencial a la tipificación del delito solitario«. Ello se debe, razona, a que «aunque se trate de actuaciones de una junta de compensación que se prolonguen en el tiempo, la esencia y la naturaleza de la junta de compensación es en sí misma transitoria y sin vocación de permanencia«. El auto de procedimiento abreviado contra Antonio García, Jorge Herrería y Mariano Gavilán queda así «sin efecto».
El caso se originaba a raíz de lo ocurrido a mediados del año 2015, cuando Julio Mateos confesaba en un correo electrónico la apropiación indebida de las cuentas de la junta de compensación para el sector F. Tras darse a la fuga, fue detenido en República Dominicana y encarcelado en 2016, hasta su puesta en libertad en 2019.
Por otra parte, el auto recogido señala también, entre otros, a Ismael Antonio Perea, exconcejal socialista de Almensilla y presidente entonces de la junta de compensación que según el auto «prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas» retiró «cheques al portador por importe de 301.695 euros».
Además, la investigación también reveló el «gran desfase» entre los fondos retirados y «los aplicados al pago de facturas de proveedores», con una diferencia total de 156.766 euros. Esta cantidad «con ánimo de ilícito enriquecimiento», fue retirada según el auto para fines personales, «actuando de común acuerdo» con el tesorero.
La Fiscalía ha pedido para Mateos Palacios una pena de seis años de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria fijada en 20 euros, estando sujeto a responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago, por un delito continuado de apropiación indebida. El Ministerio Fiscal solicita para Ismael Perea una pena de cuatro años y medio de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por el mismo delito.