Un vecino del sector F de Almensilla recoge agua en el único grifo disponible
Un vecino del sector F de Almensilla recoge agua en el único grifo disponible por Aljarafesa (FACUA)

La asociación en defensa de los consumidores FACUA denuncia que unas 400 familias del sector F de Almensilla no disponen de acceso a agua potable en sus domicilios y que sólo disponen de un grifo en todo el área.

Los destinatarios de la denuncia han sido el Ayuntamiento almensillero y Aljarafesa. FACUA les exige que la situación se resuelva «de inmediato» y que se garantice más puntos de suministro de agua en la urbanización.

Los propios vecinos del sector F aseguran que tienen que «recorrer varios kilómetros cada día hasta la entrada de la urbanización» para recoger agua en el punto donde Aljarafesa ha instalado el único grifo de suministro. Además denuncian que el grifo «está situado al lado de una carretera de gran afluencia de vehículos», por lo que además de la incomodidad supone un riesgo para la integridad física de los vecinos.

El sector F de Almensilla, dos décadas sin solución

El conflicto en torno al sector F de Almensilla se remonta a 2002 cuando se creó una Junta de Compensación para la urbanización e implementación de suministros básicos. De aquella dotación presupuestaria se desviaron 3,7 millones de euros. Por este presunto desfalco está imputado el entonces tesorero de la junta de compensación Julio Mateos Palacios, hoy en libertad bajo fianza.

El caso judicial sigue adelante pero las necesidades de los vecinos del sector F siguen sin resolverse casi dos décadas después. El diputado de Adelante Andalucía, Nacho Molina, reclamó acelerar las soluciones desde la Junta de Andalucía presentando una PNL en el Parlamento.

El acceso al agua como derecho fundamental

FACUA se remite a la Ley de Aguas para Andalucía y a la Ley General de Sanidad para reivindicar el derecho del acceso a agua potable de todas las personas y que son los poderes públicos los obligados a garantizar este derecho. Desde la asociación añaden que no solo la legislación andaluza protege este derecho sino que se trata de uno de los derechos humanos establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010.

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