Los juzgados de Sanlúcar la Mayor han aplazado la citación a los tres exalcaldes socialistas investigados en el proceso judicial de la Mancomunidad del Guadalquivir.
Julio Álvarez González, exalcalde de la Puebla del Río (1999-2011) y actual concejal por ASC, José de la Rosa Solís, de Villamanrique (2007-2011), y Rafael Moreno, de Huévar del Aljarafe (1997-2015), estaban citados mañana viernes por el posible «cobro indebido» de unos 240.000 euros de un funcionario durante una década durante la etapa en la que fueron presidentes de la institución mancomunada. Además, dos gerentes, el abogado, el economista, el jefe del área técnica y el jefe de taller están en el foco del proceso judicial y estaban citados para mañana.
Este proceso judicial fue abierto por una denuncia de la UGT, que consideraba como «práctica habitual durante al menos diez años» una omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública de la venta de unos camiones. Estos camiones fueron supuestamente vendidos «de manera directa a un desguace que no es el adjudicatario de dicho servicio», por lo que el dinero correspondiente de la venta posiblemente nunca llegara a la empresa mancomunada y podría haber «sido apropiado indebidamente por algunos integrantes».
Este tipo de ventas directas se habrían ejecutado durante diez años sin procedimiento administrativo alguno. Así lo sostiene la denuncia que ha dado apertura al caso, presentada por tres trabajadores de la empresa pública el pasado mes de junio.
El exalcalde de la Puebla ya fue dos veces condenado
Julio Álvarez fue alcalde con el PSOE entre 1999 y 2011, cuando los problemas con la justicia lo apartaron del cargo y también de su partido. Actualmente es el portavoz de la oposición con su Agrupación Socialista Cigarrera (ASC) que cuenta con cinco escaños.
Sus problemas con la justicia vienen de largo: acumula dos condenas y otra investigación. Fue declarado culpable por gastarse 6.098 euros en llamadas privadas a una mujer con el móvil del Ayuntamiento y condenado por vender material de aluminio por valor de 3.000 euros de la empresa Banales I S.L. a una planta de reciclaje.
La otra investigación, aún abierta, también se debe a su periodo como presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir, en la que se le imputa un posible delito de prevaricación por haber contratado a tres trabajadores supuestamente sin proceso previo de selección.