El Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla fijó en 2019 una apertura de juicio oral contra el alcalde de Bormujos, Francisco Molina, y a la concejala de Obras Públicas, María del Carmen Garfia, para el próximo 14 de junio de 2021. Así lo ha dado a conocer Europa Press, una información que cerca está de hacer estallar el acuerdo de gobierno entre PSOE y Ciudadanos.
El alcalde Francisco Molina, en declaraciones recogidas por AljarafeDigital, asegura que la vía penal está desestimada y que solo se está juzgando una «irregularidad administrativa». El procedimiento judicial investiga un posible delito de prevaricación por la autorización de la construcción de una nave pese al informe contrario de los técnicos.
«Decir que tengo un juicio penal es mentir», asegura el alcalde, quien explica que se trata de una campaña «de acoso y derribo para cambiar al alcalde». «Este es un tema ya conocido, que incluso se llevó a pleno. Se está jugando con los bormujeros y las bormujeras poniendo por delante los intereses personales y partidistas sin ningún escrúpulo», añade Molina.
En estas declaraciones Francisco Molina señala directamente al concejal del Partido Popular Luis Paniagua, recordando que ya intentó deponer al alcalde de Dos Hermanas y que está «condenado en firme» por amenazas durante su etapa como concejal en la localidad nazarena: «Es el verdadero artífice de esta trama», que quiere volver al Bormujos «del bolso de Loewe» que «manchó» el nombre de la localidad en los medios de comunicación, acusa el alcalde.
Ciudadanos, socio de gobierno, le pide en privado la dimisión
Esta citación ha abierto una grave crisis de gobierno entre el PSOE de Francisco Molina, y Ciudadanos, del teniente alcalde Manuel Romero. Como ha podido confirmar AljarafeDigital, ayer se produjo una reunión entre ambos en el que el edil del partido naranja pidió explicaciones, y posteriormente su dimisión al alcalde.
Ciudadanos, que ya recibió una oferta por parte del Partido Popular para realizar moción de censura que hacía alcalde a Manuel Romero, se encuentra en una delicada situación pues tiene la llave para definir el color político de uno de los más importantes ayuntamientos del Aljarafe.
Aquella moción de censura fue rechazada por Ciudadanos, pero desde el partido naranja se contempla ahora cualquier posibilidad, desde liderar al equipo de gobierno hasta situarse fuera de él.
Antes de que saltara esta información judicial, PSOE y Ciudadanos negociaban una reconfiguración del acuerdo de gobierno y de la composición del mismo para afianzar la coalición de cara a la aprobación de los presupuestos municipales. Ahora, tras la petición de dimisión, la crisis de gobierno es de muy alta intensidad y las conversaciones entre todos los grupos políticos es incesante.
«Yo respondo por mi y por mi gente, no voy a responder por quienes ya han sido juzgados y condenados. Tanto en el Partido Popular como en otros partidos, que mantienen en sus filas a concejales condenados en firme», dice Francisco Molina, quien defiende su posición sin ambages.