El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, Manuel Salguero, ha testificado por videoconferencia junto a dos facultativos de su departamento ante el Juzgado número tres de Coria del Río, en la investigación por un presunto delito contra el medio ambiente con afección grave a la salud de las personas por los episodios de hedor que desde hace años sufre la barriada Guadalquivir, causa en la que están investigados los administradores y el gerente de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona de Coria.
En concreto, dicha instancia judicial tenía fijada para este pasado lunes la comparecencia por videoconferencia de los dos técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que realizaron los informes que detectaron concentraciones de N-hexano, un disolvente orgánico con «acción tóxica», en sangre de ocho vecinos de dicho barrio. Junto a ellos, según han informado a Europa Press fuentes del caso, testificó además Manuel Salguero para abundar en las explicaciones.
Según tales fuentes, los mencionados técnicos ratificaron el mencionado informe, que detectaba «bajas concentraciones» de N-hexano y acetona en la sangre de varios de los vecinos, con el riesgo de mayores «probabilidades» de que los mismos sufran las «patologías» médicas asociadas a la «acción tóxica» de tal disolvente orgánico, como «alteraciones sensitivas y motoras en las piernas y en la función muscular, cuadros de arritmia» y posibles «alteraciones de la espermatogénesis con una disminución de la fertilidad masculina».
A colación, siempre según las citadas fuentes, el director del Instituto Nacional de Toxicología habría conectado la posible exposición a elementos tóxicos como los descritos con «efectos negativos en la salud de las personas a largo plazo». Incluso habría advertido, además, de que por las particularidades que rodean la detección de estas sustancias en el organismo, los resultados negativos en las pruebas practicadas a personas que hayan podido estar en contacto con tales sustancias tóxicas no excluirían la posibilidad de sufrir perjuicios en la salud a largo plazo.
El origen de las «fugas»
Recordemos que cuando el pasado 16 de octubre de 2020 prestaron declaración como investigados los administradores y el gerente de la gasolinera, los mismos habrían negado que la instalación, gestionada por Zamarrilla Inversiones S.L., sufriese «fugas» en sus depósitos de combustible o cualquier «vertido» de sustancias contaminantes, alegando que en 2019 fue implantado en el recinto un sistema de prevención de filtraciones desde los depósitos al subsuelo. Además, habrían expuesto que el recinto cuenta con una «barrera hidráulica».
Así, los tres investigados habrían negado ante el juzgado que los episodios de contaminación y hedores investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por residentes de la barriada Guadalquivir, deriven de la actividad de la gasolinera, aludiendo a una «contaminación histórica» en la zona, cuyo origen estaría pendiente de esclarecer aún, según su tesis.
En la actuaciones realizadas, en cualquier caso, se ha detectado, tras mediciones realizadas en el interior de varios domicilios de la citada barriada, la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) derivados de hidrocarburos, así como Sulfato de Dimetilo, muy tóxico por inhalación, según la Guardia Civil. Los agentes del Seprona detectaron igualmente, en las proximidades de la gasolinera intervenida, la presencia de un vertido de hidrocarburos.
Escapes o vertidos
Según los técnicos, como consecuencia de los escapes o vertidos contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina, gasoil y aceites minerales, se ha producido un daño sustancial a la calidad del suelo en el entorno de la gasolinera.
Dicha contaminación «ha dado lugar a un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas y, por los flujos de descarga de los acuíferos y su cercanía al cauce, se produce una situación de grave perjuicio para el sistema natural del estuario del Guadalquivir, así como un riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas» de la zona.
Para confirmar tal extremo, la Guardia Civil inspeccionó la gasolinera junto con inspectores del Servicio de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, tanto física como documentalmente, comprobándose que existían anomalías en forma de fuga en el depósito de gasolina SP/95, según el Instituto Armado.
Además de los mencionados encartados, en la causa figuran como investigados María del Carmen E.L., administradora de la empresa Zamarrilla Inversiones S.L.; Miguel C.J. como inspector técnico industrial representante de la empresa encargada de la evaluación y control de la gasolinera y J.J.B. como representante legal de dicha entidad, después de que la Guardia Civil tomase declaración como investigados a varios técnicos de las inspecciones y revisiones documentales a las que estaba sometida la citada estación de servicio.