El Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía ha presentado una propuesta no de ley (PNL) exigiendo al Gobierno andaluz del Partido Popular que realice un estudio sobre la posible existencia de un «segundo foco de contaminación» en la zona de la barriada Guadalquivir en Coria del Río. Este área se ha visto afectada por las consecuencias de un grave vertido de hidrocarburos proveniente de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L.
En detalle, la PNL del PSOE aboga por iniciar «un nuevo expediente» a cargo de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Este expediente tendría como objetivo analizar y monitorear un segundo foco de contaminación en la zona donde se encontraban ubicados talleres mecánicos que utilizaban pozos negros para verter productos químicos. Además, la propuesta busca la creación de un grupo de trabajo que incluya a los afectados, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Coria.
Respaldo del TSJA a la primera demanda
Esta iniciativa surge después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recientemente respaldara una de las demandas contenciosas presentadas por los afectados. El tribunal ordenó al Ayuntamiento de Coria del Río que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva el procedimiento correspondiente.
El tribunal basó su decisión en un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua que evidencia la presencia de contaminantes en los terrenos, afectando claramente a las viviendas de los vecinos. Sin embargo, el tribunal no accedió a todas las solicitudes de los vecinos, como el plan de «realojo» y acciones disciplinarias sobre empleados públicos, decisiones que el colectivo planea impugnar.
Estudio más exhaustivo de la situación
En un contexto previo, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, había anunciado que su departamento, junto con la Consejería de Política Industrial y Energía, llevaría a cabo «un estudio más exhaustivo» sobre la situación en la barriada Guadalquivir de Coria. Este anuncio se basó en un informe de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, el cual no proporcionó conclusiones claras sobre los efectos a largo plazo de la exposición a sustancias químicas en la zona.
En 2020, un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirmó daños sustanciales en la calidad del suelo y las aguas subterráneas debido a vertidos de hidrocarburos. Se señaló un «riesgo intolerable de exposición al sulfato de dimetilo». Además, se detectaron bajas concentraciones de sustancias tóxicas en la sangre de algunos residentes de la barriada Guadalquivir. En 2021, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla reconoció la «incapacidad permanente en grado total» a un residente afectado por la contaminación.