Los informes del Instituto de Medicina Legal incorporados en junio de 2026 al procedimiento judicial por la contaminación de la barriada Guadalquivir de Coria del Río relacionan la exposición continuada a sustancias tóxicas procedentes de hidrocarburos con daños en la salud de parte del vecindario, según ha denunciado Ecologistas en Acción. La organización sostiene que unas 4.000 personas continúan viviendo sobre un suelo contaminado, mientras la descontaminación permanece paralizada y los últimos análisis de calidad del aire siguen sin publicarse.
El caso se remonta a una fuga detectada en 2017 en un depósito de la estación de servicio Zamarrilla. Según el informe de la Fiscalía General del Estado del 13 de diciembre de 2024, elaborado a partir de 65 informes técnicos y periciales, el combustible habría alcanzado un emisario de aguas que atraviesa el barrio a través de una conducción deteriorada y con grietas.
Desde ese punto, la contaminación se habría extendido por el subsuelo y habría afectado al entorno residencial, las aguas subterráneas y el río Guadalquivir. Durante estos años, vecinos de la zona han denunciado de manera reiterada la presencia de fuertes olores a gasolina y diferentes problemas de salud.
Un foco contaminante prolongado durante años
La documentación de la Fiscalía incorpora también un estudio elaborado por Inerco en octubre de 2019, que detectó la presencia de un hidrocarburo altamente degradado. Según este análisis, la sustancia llevaría aproximadamente 17 años descomponiéndose bajo la barriada, una circunstancia que, según Ecologistas en Acción, incrementaría su toxicidad.
La entidad ecologista considera que los nuevos informes forenses marcan un punto de inflexión en un procedimiento que se prolonga desde hace una década. A su juicio, estos documentos respaldan las denuncias formuladas durante años por las personas afectadas.
«La ciudadanía nunca exageró. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: durante diez años se ha minusvalorado un problema gravísimo de salud pública. Hoy los informes forenses empiezan a confirmar lo que las vecinas y los vecinos denunciaban desde el primer momento», ha señalado el portavoz de Ecologistas en Acción, José Carlos González.
La organización lamenta, sin embargo, que los informes forenses se hayan elaborado con un número limitado de historiales médicos remitidos por la Junta de Andalucía. También denuncia que entre la documentación aportada no figuren informes correspondientes a menores afectados.
Reclaman los últimos análisis del aire
Tanto Ecologistas en Acción como la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir han solicitado la publicación de los resultados de las últimas campañas de medición de la calidad del aire. La entidad denuncia que estos datos continúan sin hacerse públicos pese a haber sido reclamados formalmente.
El procedimiento judicial permanece abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coria del Río y en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla. En la causa están personadas, entre otras entidades, la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Coria del Río, Aljarafesa y Emasesa.
Ecologistas en Acción reclama el inicio urgente de la descontaminación integral del suelo, el subsuelo y las aguas afectadas, así como un seguimiento sanitario especializado para todas las personas expuestas, con especial atención a la población infantil.
«Resulta inaceptable que hayan tenido que pasar diez años para que las instituciones comiencen a reconocer oficialmente los efectos de una contaminación que nunca dejó de existir. Ninguna administración puede dar por cumplida su obligación mientras miles de personas sigan viviendo sobre un suelo contaminado», ha añadido González.
La organización exige además mayor transparencia informativa y la depuración de las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales derivadas de un episodio que considera uno de los mayores casos de injusticia ambiental registrados en Andalucía.