El alcalde de Coria del Río, Modesto González, de Andalucía X Sí.
El alcalde de Coria del Río, Modesto González, de Andalucía X Sí.

El Jugado de lo Penal número siete de Sevilla ha celebrado este viernes el juicio promovido contra el alcalde de Coria del Río, Modesto González (Andalucía por Sí), y Diego Luis Peña (PP) como otrora edil de Deportes de dicho municipio, por un presunto delito de prevaricación administrativa asociado a la cesión de la gestión de la piscina cubierta municipal para la reapertura de la misma, sin licitación pública previa y con la entrega de las instalaciones al Club Deportivo Korah antes de firmar un convenio de colaboración con tal entidad.

Mientras en un auto de la Audiencia de Sevilla recogido por Europa Press tal instancia indica «la inexistencia patente del procedimiento» administrativo necesario para la cesión de la piscina cubierta de Coria al Club Deportivo Korah, siendo entregadas las llaves del recinto a tal entidad en diciembre de 2013 «sin que a ese momento se hubiese firmado documento alguno», Modesto González ha rememorado que cuando en abril de ese año accedió a la Alcaldía mediante una moción de censura, la reapertura de la piscina municipal cubierta era un «compromiso» político adquirido, si bien él sólo participó en «dos encuentros» respecto al asunto.

En ese sentido, ha explicado que «no conocía directamente los procedimientos administrativos» relativos a la gestión de las instalaciones deportivas y que desconoce «los detalles de esta actuación» concreta, cuyas «negociaciones» fueron «gestionadas» por Diego Luis Peña como entonces edil de Deportes, según ha indicado.

Según ha defendido, su papel se limitó a participar en una «primera toma de contacto» con el Club Deportivo Korah y también con otra entidad de cara a la reapertura de la piscina, pero no participó en más aspectos del proceso seguido para reabrir las instalaciones, pues son los concejales responsables de las diferentes delegaciones municipales quienes siguen «al detalle» las gestiones.

«Muchas instalaciones» igual

En paralelo, se ha desligado de la entrega de las llaves del recinto al Club Deportivo Korah y ha alegado que «prácticamente desde el inicio de la democracia», en Coria del Río había «muchas instalaciones» deportivas cedidas a clubes en términos similares, siempre sin que el Ayuntamiento recibiese contraprestación alguna por ello, toda vez que el PSOE, desalojado del poder mediante la mencionada moción de censura, ejerce la acusación popular en este caso.

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En paralelo, recordemos que en el auto de apertura oral, el Juzgado número tres de Coria señalaba que el Ayuntamiento y el club acordaron en su convenio que la Administración local correría con los gastos de agua y electricidad de la piscina, mientras el club asumiría los costes de personal y de mantenimiento de las instalaciones deportivas, pero mediarían facturas pagadas por el Ayuntamiento para reparaciones y trabajos de mantenimiento en la piscina municipal.

El alcalde no firmó «ningún acuerdo»

El alcalde, en cualquier caso, ha alegado que él no firmó «ningún tipo de acuerdo» sobre la cesión de la piscina municipal cubierta porque «la competencia era de la Delegación de Deportes», gestionada por el PP como socio de gobierno de los andalucistas en ese momento.

En la causa, en cualquier caso, figura el decreto de Alcaldía firmado por Modesto González en diciembre de 2013 «dejando sin efecto la orden de clausura de dicha piscina, dictada el 21 de octubre de ese mismo año».

Además, el primer edil ha defendido que nunca recibió «ningún tipo de reparo o informe desfavorable» sobre este asunto por parte de los funcionarios o técnicos municipales, asegurando que cuando finalmente recibió un requerimiento de la Fiscalía por la situación de la gestión de la piscina municipal cubierta, emprendió «la regularización» de todas las cesiones de instalaciones deportivas municipales.

Diego Luis Peña, de su lado, ha defendido que cuando comenzó a dirigir la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Coria tras prosperar la moción de censura de abril de 2013, «no había ningún procedimiento» establecido ni «ordenanza» municipal relativa a la cesión de instalaciones deportivas municipales, asegurando que para reabrir la piscina municipal cubierta se siguió el proceder «de siempre».

Buscar «posibles interesados»

En ese sentido, mientras el Juzgado número tres de Coria y la Audiencia de Sevilla han coincidido en censurar la ausencia de licitación pública, este acusado ha expuesto que se solicitó al técnico municipal de Deportes que «buscase posibles interesados» en hacerse cargo de la piscina municipal cubierta, es decir que fue «algo interno de la Delegación» de Deportes.




«El técnico no tenía muchos estudios, pero era una persona preparada», ha rememorado, insistiendo en que a las entidades interesadas en hacerse cargo de la piscina municipal cubierta, que arrastraba un déficit de 180.000 euros al año antes de su cierre, se les reclamó las propuestas «por escrito» y finalmente se optó por el Club Deportivo Korah al tratarse de una de las dos únicas entidades que «se hacían cargo de los riesgos» económicos derivados de la reapertura y gestión del recinto.

Diego Luis Peña ha agregado que «todas las instalaciones» deportivas municipales de Coria del Río estaban cedidas en términos similares, sin recibir el Ayuntamiento contraprestación económica por ello. Así, ha alegado que actuó según «se había hecho siempre y que «nadie» le alertó de incidencia alguna en materia legal.

Peticiones al club

Es más, ha agregado que al Club Deportivo Korah le fue requerido que «cumpliese todos los requisitos de la Ley», toda vez que según la investigación la citada entidad fue constituida el 21 de octubre de 2013 y ese mismo día «se produjo la firma del convenio de colaboración entre el club y el Consistorio».

Entre los diversos testigos que han comparecido, el que fuera secretario accidental del Ayuntamiento de Coria entre 2011 y 2014 ha manifestado que supo de la reapertura de la piscina municipal cubierta, pero «no» le fue requerido por parte de los gobernantes o de cualquier otra instancia informe alguno sobre la operación.

Es decir que no emitió informe del asunto porque no le fue solicitado, esgrimiendo que como secretario accidental no era su «tarea investigar» como tal las decisiones y procedimientos municipales.

En paralelo, el que fuera secretario del Ayuntamiento de Coria desde abril de 2014 ha testificado que ese año emitió un informe con relación a la situación de la gestión de la piscina municipal cubierta, según el cual se trataba de una situación a su entender «más» encuadrable en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que no sería «viable» que mediase un convenio para la cesión de las instalaciones.

Después, según ha testificado, supo que había «voluntad de sacar a concurso» la gestión de la piscina municipal cubierta, admitiendo este funcionario que no informó expresamente a los gobernantes de que se tratase de una ilegalidad.

En su escrito provisional de acusación, recordémoslo, la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación especial para cada uno de los dos acusados.

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