Frente a las críticas del Grupo popular del Ayuntamiento de Espartinas respecto a «un nuevo contrato a dedo a un dirigente del PSOE», en concreto un Plan de Igualdad Municipal adjudicado a una empresa «creada apenas tres meses antes»; el Gobierno local, conformado por el PSOE, IU y VxE, defiende que los contratos menores se rigen por «criterios técnicos» y que en este caso, como en el resto, no ha pesado «intervención política alguna».
El Ayuntamiento ha defendido ante el PP que todos los contratos menores «siguen un procedimiento impoluto que se ajusta totalmente a legalidad», con lo que «toda adjudicación sigue unos criterios técnicos, en los que no entran valoraciones subjetivas como los ideales políticos, religiosos o de otro tipo».
En ese contexto, «el contrato referente al Plan Municipal de Igualdad, como el resto de contratos, se ajusta totalmente a la legalidad», pues «ha sido realizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento, sin intervención política alguna y con la presentación de varias propuestas económicas». «Como todos los expedientes, la adjudicación de este contrato, en este caso a la empresa Egala Igualdad S.L., ha seguido exclusivamente criterios técnicos», defiende el Consistorio.
«Sembrando dudas»
El Gobierno municipal ha lamentado estas acusaciones, porque «no sólo ponen en tela de juicio a los miembros del equipo de gobierno, sino que también siembran duda sobre el trabajo de los técnicos que realizan los expedientes de contratación, a su departamento, a la secretaría y a la Intervención municipal».
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Según la alcaldesa, Cristina Los Arcos, «todo este teatrillo que monta el PP intenta tapar las vergüenzas de las sentencias por tasas urbanísticas» promovidas por el PP en sus años al frente del Ayuntamiento y después anuladas por la Justicia.
«Las políticas del PP han costado a las arcas municipales 18,5 millones de euros y esa es la única realidad. Como lo es también el hecho de que tengamos que recurrir a empresas externas para el funcionamiento básico del Ayuntamiento, gracias al ERE de 2012 por el que 80 trabajadores fueron a la calle. Eso sí es motivo de escarnio público. El PP, como ya hizo con el anterior gobierno, al carecer de argumentos políticos, judicializa la vida del Ayuntamiento. No tenemos ningún temor. Sabemos que todo está conforme a ley, no sé si el PP puede decir lo mismo en su gestión durante 30 años», concluye la alcaldesa.