La representación del extinto grupo de Imagines en el Ayuntamiento de Gines ha elevado un nuevo escrito al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, avisando de que la investigación de posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias en la organización y gestión de anteriores ediciones de la tradicional «Pará» de dicha localidad aljarafeña lleva «más de dos años paralizada», por lo que reclama un «impulso procesal».
En un escrito presentado al juzgado el pasado 2 de abril, el grupo denunciante de este caso recuerda que «hace más de dos años que las actuaciones se encuentran paralizadas y, a fin de evitar más demoras en el procedimiento, se recaba el auxilio judicial a los a los efectos de que se proceda a darle a la presente causa el impulso procesal que precisan las actuaciones».
Ello, después de que en octubre de 2021, la Fiscalía solicitase al juez José Ignacio Vilaplana, encargado de la investigación desde el Juzgado de Instrucción número seis, que archivase las diligencias incoadas en esta causa contra el entonces presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, a cuenta de las subvenciones excepcionales de la institución provincial para la Pará de Gines, así como respecto al resto de miembros o exmiembros de la entidad provincial afectados por tales actuaciones judiciales.
La petición de archivo
Dicha petición de la Fiscalía al juez José Ignacio Vilaplana surgía precisamente después de que las representaciones de Villalobos y del resto de miembros o exmiembros de la Diputación solicitasen el archivo de las actuaciones respecto a ellos, una vez habían comparecido los mismos ante el juez como investigados.
En cuanto al fondo de la causa, el juez avisaba de que desde la creación de la Pará en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas «sin regulación» ni «instrumento normativo alguno», contando con varias subvenciones «excepcionales» de la Diputación, es decir ayudas «directas sin concurrencia ni convocatoria pública», pese al carácter «planificable» del evento.
Así, y con relación a la Diputación, el juez atisba un supuesto «mecanismo arbitrario de concesión de las ayudas, prescindiendo de los principios y del procedimiento legalmente procedentes», pues tales subvenciones excepcionales para este evento anual y por ende «planificable» carecerían de documentación como la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa de la Presidencia declarando el carácter excepcional de la subvención, entre otros documentos.
Las resoluciones a año
A la hora de comparecer como investigado ante el juez, que considera que la concesión «directa» de las ayudas indagadas fue fruto de «la sola voluntad» del entonces presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos; este último defendía de su lado que firmaba unas 7000 resoluciones al año respecto a la actividad de una institución cuyo presupuesto anual supera los 400 millones de euros, con lo que él no profundizaba en cada uno de los expedientes, según habría explicado.
En ese sentido, en su comparecencia se habría remitido a la tramitación administrativa de las subvenciones excepcionales indagadas, manifestando en paralelo su confianza en el equipo técnico de la Diputación, varios de cuyos altos funcionarios figuran también como investigados en esta causa judicial.