Un importante cambio en el caso de la presunta compra de votos en Huévar. La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir el caso por las presuntas contrataciones irregulares y que sean procesados dos ex alcaldes socialistas de la localidad de Huévar, Rafael Moreno y Aurea Moreno.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor fijó en mayo del año 2022, el sobreseimiento de la causa contra ambos ex regidores del PSOE. Un nuevo giro en los acontecimientos debo a que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a dictado un auto. En éste se estima el recurso de apelación presentado por el PP, denunciado en 2019 por la alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno.
El recurso del Partido Popular considera que ambos ex alcaldes de la localidad de Huévar del Aljarafe, durante los años 2014 a 2019 realizaron contrataciones a diversos vecinos del pueblo. Dichas contrataciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de procedimiento de selección. En total se relacionan hasta con un total de 21 personas contratadas de forma irregular.
Contrataciones «absolutamente irregulares»
Según la Audiencia estas contrataciones «se llevaron a efecto de forma absolutamente irregular, sin tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad; de hecho la secretaria interventora así lo confirma en el informe relacionado al señalar que no existía una bolsa de empleo municipal, que no se hacía una valoración de méritos de los candidatos, que no se daba publicidad de las ofertas de empleo y que ni siquiera se incoaban expedientes».
Por todo ello, concluye la Audiencia, procede estimar el recurso de apelación del PP, en el sentido de «dejar sin efecto el auto de sobreseimiento provisional respecto a Rafael Moreno Segura y Aurea Moreno Borrego, respecto a los cuales deberá seguirse las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado», es decir, que sean procesados.
La «trituradora de papel casi quemada por el uso»
Fue la alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno (PP), quien en 2019 denunció frente a la Fiscalía estos posibles delitos electorales por la supuesta compra de votos y malversación continuada con dinero público.
En la denuncia consta que a la propia alcaldesa se le negó la llave del Ayuntamiento tras haber sido envestida . Por tanto la alcaldesa tuvo que pedir una copia para poder acceder al Ayuntamiento donde presenció como los antiguos trabajadores municipales se dedicaban a intentar destruir una serie de documentos.
En el despacho de la Alcaldía y, en concreto, detrás de la silla del alcalde, había una «trituradora de papel, inservible y casi quemada por el uso», mientras que en el despacho del teniente de alcalde se localizaron una serie de cajas con documentos algunos «transcritos de puño y letra del anterior ex alcalde».
El PP aseguró entonces que había «claros indicios de la existencia de un entramado para la captación de votos mediante el ofrecimiento de trabajos municipales». También denunció una serie de facturas «presuntamente pagadas con fondos municipales, entre las que se encuentran una serie de cargos por carteles e invitaciones a un mitin del PSOE».