La Mancomunidad del Guadalquivir está siendo investigada por la posible venta irregular de camiones de recogida de basura que se retiraban cuando estos eran jubilados.
La empresa pública de basuras del Aljarafe habría ejercido una «omisión deliberada del procedimiento de licitación pública» para deshacerse de estos vehículos y por ello están siendo investigados dos exalcaldes de la comarca: quien fuera regidor de La Puebla del Río (1999-2011) y actual concejal por ASC, Julio Álvarez, y el exalcalde de Huévar (1997-2015), Rafael Moreno Segura. Ambos gobernaron bajo las siglas del PSOE.
La posible responsabilidad en los hechos reside en sus etapas como presidentes del organismo, por lo mismo que también se investiga a José de la Rosa, exalcalade de Villamanrique. Además, dos gerentes, el abogado, el economista, el jefe del área técnica y el jefe de taller están en el foco del proceso judicial.
El auto del juzgado número 1 de Sanlúcar la Mayor al que ha tenido acceso el diario ABC, investiga los hechos desde 2010. Estos camiones fueron supuestamente vendidos «de manera directa a un desguace que no es el adjudicatario de dicho servicio», por lo que el dinero correspondiente de la venta posiblemente nunca llegara a la empresa mancomunada y podría haber «sido apropiado indebidamente por algunos integrantes».
Este tipo de ventas directas se habrían ejecutado durante diez años sin procedimiento administrativo alguno. Así lo sostiene la denuncia que ha dado apertura al caso, presentada por tres trabajadores de la empresa pública el pasado mes de junio.
El exalcalde de la Puebla ya fue dos veces condenado
Julio Álvarez fue alcalde con el PSOE entre 1999 y 2011, cuando los problemas con la justicia lo apartaron del cargo y también de su partido. Actualmente es el portavoz de la oposición con su Agrupación Socialista Cigarrera (ASC) que cuenta con cinco escaños.
Sus problemas con la justicia vienen de largo: acumula dos condenas y otra investigación. Fue declarado culpable por gastarse 6.098 euros en llamadas privadas a una mujer con el móvil del Ayuntamiento y condenado por vender material de aluminio por valor de 3.000 euros de la empresa Banales I S.L. a una planta de reciclaje.
La otra investigación, aún abierta, también se debe a su periodo como presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir, en la que se le imputa un posible delito de prevaricación por haber contratado a tres trabajadores supuestamente sin proceso previo de selección.