Las movilizaciones de la comunidad educativa en rechazo a los recortes de la Junta se suceden estos días en la comarca y la provincia. Las reclamaciones más comunes de los implicados son mantener el número de líneas y bajar en su lugar la ratio educativa.
Ya el pasado febrero ocho AMPAs de Mairena del Aljarafe protestaron por el cierre de cinco clases en colegios públicos que les había transmitido la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla. Los progenitores veían en la consecuente subida de ratio una «pérdida de calidad educativa» que ahondaría en el desequilibrio entre la pública y la concertada.
Otros municipios aljarafeños que se verían afectados por la medida son Coria, que según denunciaba el Ayuntamiento perdería dos líneas educativas, y Sanlúcar, que también cerraría dos aulas de infantil. La mayor concentración hasta el momento tuvo lugar el pasado jueves, cuando cientos de familias rodearon el Parlamento andaluz en la capital para reclamar que se blinde la educación pública y denunciar que a su juicio la medida no se basa en criterios técnicos sino en un impulso por favorecer a la privada, y pedía poner freno al cierre de un total de 45 clases de educación infantil en toda la provincia. En la manifestación estuvieron representados los sindicatos CCOO, CGT y USTEA, así como la asociación de padres y madres Escuelas de Calor.
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Los participantes hicieron hincapié en la conveniencia de la situación para bajar por fin la ratio de alumnos, otra de sus reclamaciones. Esta ratio actualmente se equipara en Andalucía al máximo legal de 25 alumnos por clase en primaria y 35 en los ciclos de secundaria.
La Junta asegura que el cierre de aulas (unas 530 en toda Andalucía) se justifica por la bajada general de la natalidad, y que por ello afectará solo a los ciclos de Educación Primaria, ya que las clases de Secundaria, de hecho, han aumentado. Educación aseguró también en marzo que el proceso de planificación para el curso estaba entonces en fase inicial, basándose en el censo, y se añadirían más clases una vez se recibieran más solicitudes de colaboración. La consejería de Javier Imbroda insiste además en que el «equilibrio» entre pública y concertada no se ha roto, puesto que la Junta aha «sacado 72.950 plazas públicas, el 80,7% y 17.500 concertadas, el 19,3%».
Los sindicatos y la comunidad educativa entienden sin embargo que el cierre de líneas afecta de forma desigual a ambos regímenes. En un comunicado publicado hace dos semanas, el sindicato USTEA señalaba como «especialmente significativo» el caso de Mairena, donde «los colegios públicos pierden cinco clases, mientras que los centros concertados conservan su oferta íntegra», y lamentaba que la bajada de la natalidad no se tradujese en clases más desahogadas.