Protesta en Sevilla frente a una casa de apuestas. EP.
Protesta en Sevilla frente a una casa de apuestas. EP.




El pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado este jueves por vía telemática, ha aprobado una moción de Adelante que reclama al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos «autonomía» para que los ayuntamientos puedan promover «limitaciones urbanísticas» a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de centros educativos, culturales, deportivos o juveniles.

La moción de Adelante ha sido debatida después de que el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aprobase una modificación puntual de su planeamiento urbano destinada a impedir la instalación de establecimientos de apuestas y salas de juego a menos de 500 metros de los centros educativos, deportivos y socioculturales, tras lo cual la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha reclamado al Consistorio alcalareño que derogue dicha medida, amparándose en una ley de 1986.

En ese contexto, la portavoz de Adelante, María Izquierdo (IU), ha desgranado toda una serie de datos sobre la creciente «realidad social» derivada de la «proliferación» de las casas de apuestas y de la publicidad de las actividades de juego, con especial incidencia en la «juventud, que a falta de expectativas y de un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina» bajo la inducción a la esperanza de «conseguir dinero sin esfuerzo».

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Por eso, la moción comprende toda una batería de medidas a reclamar al Gobierno de PP y Ciudadanos de la Junta de Andalucía y además al Ejecutivo central, así como aspectos a aplicar por la propia Diputación.




A la Junta, así, se le reclama «limitar la apertura de las casas de apuestas físicas, igual que pasa con el gremio de tabacaleras o farmacias, mediante el establecimiento de un mínimo de 800 metros de separación o por núcleos de población, para frenar así su expansión».

Otra de las diferentes reivindicaciones a la Junta es la de «dotar de autonomía a los ayuntamientos andaluces para que puedan llevar a cabo cuantas gestiones administrativas consideren para detener la expansión de la ludopatía«.

La derecha motiva su abstención en «la falta de competencias»

La diputada del PP ha insistido en que por Ley, los ayuntamientos «no pueden regular» tales distancias, porque la competencia reside en la Junta de Andalucía, según ha dicho.




La portavoz de Ciudadanos, Carmen Santa María, ha opinado de su lado que para abordar el asunto es necesario comenzar «desde el prisma estatal», con la Administración central como «dinamizadora de la solución», mientras la diputada socialista y alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha defendido que los municipios cuentan con «competencias absolutas» sobre su planeamiento urbano, criticando el «trato de favor» de la Junta de Andalucía al sector de las casas de apuestas y el juego.

La moción, finalmente, ha sido aprobada con el respaldo de Adelante y del Grupo socialista y la abstención de Vox, el PP y Ciudadanos.

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