La Federación de Arroceros de Sevilla, en coincidencia con la Asociación Agraria ASAJA, han valorado como muy positivo para el sector del arroz la decisión de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de eximir a las explotaciones de arroz de Andalucía, con influencia en el Aljarafe, el resto de la provincia sevillana y la de Cádiz, del cumplimiento del requisito de diversificación de cultivos para acceder al «Pago Verde» de la PAC.
La entidad agradece así al departamento de la consejera Carmen Crespo la «celeridad a la hora de realizar y poner en marcha esta resolución, que permite eximir de la diversificación de cultivos y va a permitir tanto al cultivo del arroz como a otros cultivos poder cumplir con los parámetros de las ayudas del pago verde».
«Se trata de una medida adecuada al momento que atraviesa el sector, teniendo en cuenta en especial la situación tan complicada que presenta la cuenca del Guadalquivir».
Esta decisión se adopta después de que el pasado 28 de abril en la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se acordara una reducción de la dotación como consecuencia de la situación hidrológica de la cuenca, que se sitúa por debajo del 50% de su capacidad de embalsado. Es la CHG el órgano responsable de deliberar y formular las propuestas sobre régimen de llenado y vaciado de embalses y acuíferos de dicha demarcación, con el objeto de atender los derechos concesionales de los distintos usuarios.
Ante esta situación, los agricultores dedicados al cultivo del arroz en la presente campaña agrícola no podrán cultivar el 100% de la superficie destinada a este cultivo al no disponer del agua necesaria para ello. Esto supone que ninguno de ellos podría acogerse a las exenciones indicadas, pues «resulta imposible cumplir con el requisito de la diversificación de cultivos, debido a las características edafoclimáticas de este tipo de suelos».
La Junta de Andalucía considera que todo ello supone una situación excepcional o de fuerza mayor ajena a la responsabilidad de los agricultores, lo que llevaría aparejada la imposibilidad de percibir las cantidades correspondientes al Pago Verde, extremo que determina la decisión adoptada.