La Mancomunidad del Guadalquivir se personará como acusación en el proceso judicial abierto contra tres expresidentes de la corporación por malversación, apropiación indebida, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación.
El mandatario actual de la Mancomunidad, el alcalde de Gines Romualdo Garrido (PSOE), fue elegido el 18 de septiembre de 2019 por mayoría absoluta tras la votación de los 27 regidores de los municipios pertenecientes a la corporación.
En el verano de 2020, el juzgado de instrucción de Sanlúcar la Mayor comenzó con el procesamiento de varios gerentes y a sus expresidentes, estando actualmente investigados los tres últimos máximos dirigentes (todos socialistas). El sindicato aseguró que no se trataba de una denuncia política y que «Romualdo Garrido es el presidente de esta empresa que, en los casi 30 años de vida de la misma, se ha implicado en buscar una solución y averiguar qué pasa con los temas de gestión y economía». De este modo, los actuales gestores se personan judicialmente en un claro distanciamiento de la administración en la década anterior.
Los expresidentes imputados
Julio Álvarez González, exalcalde de la Puebla del Río (1999-2011) y actual concejal por ASC, José de la Rosa Solís, de Villamanrique (2007-2011), y Rafael Moreno, de Huévar del Aljarafe (1997-2015), son los tres expresidentes investigados, entre otras cuestiones, por el «cobro indebido» de unos 240.000 euros de un funcionario durante una década durante la etapa en la que fueron presidentes de la institución mancomunada.
La denuncia de UGT consideraba como «práctica habitual durante al menos diez años» una omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública de la venta de unos camiones. Estos camiones fueron supuestamente vendidos «de manera directa a un desguace que no es el adjudicatario de dicho servicio», por lo que el dinero correspondiente de la venta posiblemente nunca llegara a la empresa mancomunada y podría haber «sido apropiado indebidamente por algunos integrantes».
Este tipo de ventas directas se habrían ejecutado durante diez años sin procedimiento administrativo alguno. Así lo sostiene la denuncia que ha dado apertura al caso, presentada por tres trabajadores de la empresa pública.
El exalcalde de la Puebla ya fue dos veces condenado
Julio Álvarez fue alcalde con el PSOE entre 1999 y 2011, cuando los problemas con la justicia lo apartaron del cargo y también de su partido. Actualmente es el portavoz de la oposición con su Agrupación Socialista Cigarrera (ASC) que cuenta con cinco escaños.
Sus problemas con la justicia vienen de largo: acumula dos condenas y otra investigación. Fue declarado culpable por gastarse 6.098 euros en llamadas privadas a una mujer con el móvil del Ayuntamiento y condenado por vender material de aluminio por valor de 3.000 euros de la empresa Banales I S.L. a una planta de reciclaje.
La otra investigación, aún abierta, también se debe a su periodo como presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir, en la que se le imputa un posible delito de prevaricación por haber contratado a tres trabajadores supuestamente sin proceso previo de selección.