Los dueños de dos desguaces citados a prestar declaración por la investigación de la Mancomunidad del Aljarafe no han acudido finalmente a declarar este martes al Juzgado de Sanlúcar la Mayor. La causa investiga presuntos delitos continuados de malversación, apropiación indebida, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa y fue incoada en relación a la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Recursos Urbanos.
La ausencia, publicada por Europa Press, llega después de que el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor citase a declarar a M.P.R. y A.S.D. el 19 de enero en una providencia del pasado 11 de diciembre. Los citados son responsables de desguaces localizados en Coria del Río y Pilas. El juzgado, publica la agencia, habría reiterado la notificación de los llamamientos por medio de la Policía Local o la Guardia Civil.
La causa investigada nace de una denuncia de la sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir interpuesta contra los presidentes y exalcaldes Julio Álvarez González, José de la Rosa Solís y Rafael Moreno y otras siete personas, gerentes o jefes de departamento. La denuncia hacía referencia a la «práctica habitual de la Mancomunidad durante al menos estos diez últimos años de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio». Los denunciantes han expresado sus sospechas de que el dinero obtenido de la venta «haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración».
En un comunicado, la sección de UGT aseguraba que la denuncia interpuesta «no es política, ya que no se denuncia a cargos políticos aunque sí se dice quién estaba en la Presidencia en cada ejercicio». En su lugar, «la acusación va encaminada a una presunta malversación de fondos, prevaricación y hurto de las arcas públicas por parte de personas que ostentan desde ser un simple operario hasta un jefe de área técnica, servicios, hacienda y jurídica, todos trabajadores, ninguno político».
A juicio de la sección, estos trabajadores «técnicos de más bajo rango» habrían actuado como «presuntos ladrones», algo de lo que «un político difícilmente podía darse cuenta». Según el comunicado, el actual presidente de la Mancomunidad y alcalde socialista de Gines, Romualdo Garrido, «está trabajando lo suficiente para el buen funcionamiento de la empresa, a pesar de las dificultades encontradas como es el tema de la chatarra y otras innumerables cuestiones».
Por otro lado, el Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar la Mayor ha incoado diligencias para el caso de un funcionario de la Mancomunidad que habría podido «cobrar indebidamente» en torno a 240.000 euros en el transcurso de los últimos diez años al haber desempeñado funciones de inspector de servicios careciendo de «título habilitante» para ello, según consta en un informe del secretario de la entidad.
La investigación nació también de una denuncia de UGT, interpuesta también contra los expresidentes de la mancomunidad y excalcaldes socialistas Julio Álvarez González, José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, además de contra J.R.C. y J.R.G.S.M. como gerentes, F.D.D. como jefe del gabinete jurídico, A.R.F. como economista y D.G.M. como el «trabajador beneficiado por los presuntos delitos denunciados».