En España no hay una ley en materia de defensa animal que armonice su protección en todo el Estado, sino que es una competencia derivada a las comunidades autónomas.
En el caso de Andalucía, la Ley 11/2003 del 24 de noviembre de Protección de los Animales es la que regula conductas como la de la vecina de Mairena, que lanzaba a su perro contra el suelo por defecar dentro del jardín.
Ese tipo de conducta se tipifica en el artículo 39 de la citada ley, el correspondiente a las infracciones graves. En su apartado a) considera grave «el maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes».
Esta acción estaría sancionada con una multa de 501 a 2.000 euros. Además del decomiso del animal, algo que ya ha ocurrido pues el perro maltratado está actualmente en un refugio de Huelva.
Además se le podría prohibir la tenencia de animales por un periodo máximo de dos años, como así establece el artículo 41.2.d de la citada ley.
Fue la Policía Local quien abrió diligencias contra esta vecina de Mairena, pero el ayuntamiento no es competente para imponerle la sanción al no ser una infracción leve.
La sanción debería ser interpuesta por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía al tratarse de una infracción grave que afecta a un animal de compañía.
No se ajusta, aparentemente, a los hechos tipificados como delito
Pese a ser competencia autonómica, en la última reforma del Código Penal se incluyó el artículo 377 que tipifica como delito algunos casos de maltrato animal. La redacción de este tipo penal castiga con pena de tres meses y un día a un año de prisión a quien «maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud».
Salvo que pudiera haber algún tipo de lesión que en las imágenes del perro publicadas tras su rescate no se mostraran, parece que los hechos perpetrados por esta vecina de Mairena no se ajustan a este tipo penal.