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El Colegio Malala de Mairena del Aljarafe exige una educación inclusiva para su alumnado. Su AMPA, El Almedral, solicita a la Consejería de Educación profesionales suficientes para garantizar una educación inclusiva de calidad. En concreto, la asociación de madres y padres hache hincapié en que es absolutamente necesaria la incorporación de una especialista de audición y lenguaje y una profesional técnico en integración social a tiempo completo, así como otra profesora terapéutica.
El próximo curso, el número de estudiantes con necesidades específicas será de 42 y, actualmente, estos perfiles anteriormente mencionados se encuentran trabajando allí solo a media jornada.
Consecuencias de la falta de recursos en educación inclusiva en el Malala
Esta escasez de profesionales incide en que alumnado con necesidades educativas
especiales no cuenten con igualdad de condiciones en su educación. Las familias recuerdan
que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación sobre el principio de ‘esfuerzo
educativo’. «Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes
de la comunidad Escolar en el cumplimiento de sus funciones proporcionándoles los recursos que necesiten y reclamándole su compromiso de esfuerzo».
La Delegación de Educación está incumpliendo su parte del compromiso negándole los
derechos a los más vulnerables e incumpliendo una Ley que pretende atender a la diversidad del alumnado de manera equitativa.
Una situación insostenible en el tiempo
Esta falta de profesionales ha quedado patente en el curso que finaliza en estas semanas. Sin embargo, para el próximo curso 2022/2023, el centro tiene ya matriculados ocho niños de nuevo ingreso con necesidades específicas de apoyo educativo. A ellos se suman 34 alumnos alumnas que ya están en el centro repartidos en distintas clases.
Virginia Baeza Fernández cuenta su experiencia ante esta falta de recursos el presente
curso. Es madre de un menor con síndrome de Down que se escolarizó en el segundo ciclo
de Infantil en el colegio Malala, de Mairena del Aljarafe. Su hijo necesita, según evaluación y dictamen realizado por el orientador de zona, «apoyos como profesora terapéutica (PT),
especialista en audición y lenguaje (AL) y profesional técnico en integración social (PTIS)».
Este último era inexistente cuando comenzó el curso 21-22, aunque el colegio, y ella misma,
advirtieron en la Delegación de Educación meses antes de la falta de dicho recurso y la
necesidad de que su hijo y dos alumnos más de nuevo ingreso en infantil de tres años.
De ello dejó constancia, a través de la ventanilla de registro con dos escritos en marzo y mayo respectivamente. A partir de ese momento empezó un periplo de visitas a distintas áreas de dicha Delegación: ordenación educativa, inspección, registro, o jefa de servicio, entre otros. Se manifestó ante sus puertas. También acudió el Defensor del Menor de Andalucía.
Entre tanto las propias familias asumieron las funciones del profesional técnico en integración social que son: ayuda en la alimentación, control de esfínteres, asistencia en la higiene y acompañamiento del alumnado. Acudiendo al centro para asistir a sus hijos en estas tareas, llegando a ir hasta tres veces al día, cinco si se cuenta la entrada y la salida.
Pasó el mes de septiembre sin noticias por parte de la Administración.
En octubre comenzó a ir una monitora de otro colegio cercano durante una hora al día, quitándole ese tiempo a su propio alumnado. En noviembre, a duras penas, se consiguió que el tan esperado recurso llegara a media jornada, de 9 a 11:30 horas. Un horario que sigue siendo insuficiente, ya que estos niños no son autónomos a partir de esa hora. Esta situación se mantiene hasta el día de hoy.
Las familias alertan de que esta situación de falta de recursos es insostenible en el tiempo.
Por lo que reiteran su solicitud de una especialista de audición y lenguaje, profesora
terapéutica (PTIS) a tiempo completo, así como otra profesora terapéutica para el centro.