El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, durante la celebración de uno de sus plenos.

El pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, gobernado por el socialista Antonio Conde, ha aprobado con el apoyo del PSOE y el PP y el voto contrario de Adelante, Cs y Vox, declarar como entidad de especial interés o utilidad pública a la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de la concesión ofertada por dicha Administración, para la construcción del nuevo tanatorio y crematorio proyectado desde hace años en la localidad, junto con nuevas instalaciones de cementerio, y la gestión y explotación de tales equipamientos durante 40 años.

En concreto, en el punto décimo del orden del día figuraba la «aprobación de declaración de especial interés o utilidad pública solicitada a instancia de Antonio Fernández Menéndez, en nombre y representación de la UTE Mairena Servicios Funerarios», toda vez que tiempo atrás, el Ayuntamiento adjudicaba a la UTE constituida por Obras Públicas y Regadíos y la sociedad OPR Edificación y Servicios, la mencionada concesión para el nuevo tanatorio y crematorio, las nuevas instalaciones de cementerio y la gestión de tales servicios durante 40 años.

Al respecto, la concejal del PSOE Marta Alonso ha explicado que la UTE solicita esta declaración «para beneficiarse» de una bonificación del 60 por ciento en el impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), por el «carácter dotacional» del proyecto y de servicio a la ciudadanía.

El edil de Vox, Juan Miguel Espinar, ha recordado no obstante que cuando dicha UTE gestione el nuevo recinto funerario no ofrecerá «un servicio gratuito», sino que lo explotará «con ánimo de lucro», a modo de «negocio».

El edil de Cs Enrique Carmona ha defendido de su lado que «una ayuda al hecho constructivo debe llevar aparejada acciones de excelencia», considerando que no debe ser concedida una bonificación por el mero «cumplimiento del mínimo» de condiciones.

«Los mínimos»

Laura Pérez, en nombre de Adelante, ha opinado igualmente que procede incentivar «el cumplimiento de los mínimos», avisando de que el crematorio incluido en la iniciativa «emite gases a la atmósfera» incluidos en el «catálogo de actividades potencialmente contaminantes».

El popular Ricardo Tarno, de su lado, ha llamado a «no crear conflictos donde no los hay» con argumentaciones «muy poco científicas», avisando de los riesgos de «fracturar» la opinión pública del municipio.

Finalmente, Antonio Conde ha recordado que los servicios funerarios son «servicios públicos básicos de obligada prestación», argumentando que la fórmula de gestión indirecta de tales servicios ya fue aprobada por el pleno, con lo que ahora no corresponde «releer el proyecto» o revisar la adjudicación del mismo. Así, la propuesta ha sido aprobada con el respaldo del PSOE y el PP y el voto contrario del resto de grupos.

Recordemos que en 2012, el Ayuntamiento de Mairena emprendía una modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para destinar 24.056 metros cuadrados del entorno del Camino de Bollullos, fuera del casco urbano del municipio, a la creación de un nuevo cementerio, un proyecto que tenía asociado un tanatorio y un crematorio.

Desde años atrás

Ya en octubre de 2017, el Ayuntamiento de Mairena debatía en su pleno modificar el modelo del servicio público de cementerio para que el mismo pasase «de gestión directa a indirecta», al objeto de que la explotación del recinto recayese en una empresa externa a cambio de que la misma asumiese el coste de las obras del nuevo recinto proyectado.

Igualmente, la propuesta del Gobierno local socialista incluía la aprobación del contrato de «redacción, construcción y gestión» del nuevo cementerio, dotado de un tanatorio y un crematorio, así como el visto bueno a los pliegos elaborados para el correspondiente concurso público y la apertura del procedimiento de contratación.

Y es que a esas alturas, «la capacidad del cementerio» estaba ya prácticamente agotada» y resultaba «urgente» iniciar la construcción de uno nuevo, según el expediente promovido entonces por el Ayuntamiento y recogido por Europa Press, toda vez que aquella operación no prosperó al apoyarla el PSOE y Cs pero votar en contra el PP, Sí Se Puede Mairena e IU, formaciones estas últimas que rechazaban la «privatización de otro servicio municipal» y dudaban de la «necesidad» de que Mairena cuente con un crematorio.

De nuevo al pleno

Tras aquel revés en el pleno, el Ayuntamiento de Mairena aprobaba el «montaje de 64 unidades de nichos prefabricados de hormigón para la ampliación del cementerio municipal», si bien ya en este nuevo mandato municipal, en noviembre de 2019 el Gobierno local del socialista Antonio Conde lograba que prosperase en el pleno el expediente promovido para una concesión que incluye la «redacción de proyecto, dirección de obra, construcción y gestión de un tanatorio y crematorio», aspecto unido al «servicio público de cementerio».

Ya en 2020, el Ayuntamiento de Mairena adjudicaba a la mencionada UTE esta concesión, en cuyo pliego de condiciones administrativas se precisa que con la misma «se pretende gestionar de forma indirecta (…) la explotación del cementerio del término municipal de Mairena del Aljarafe, servicios de tanatorio, crematorio y servicios anejos y complementarios».

La encomienda

La concesión, así, incluye la construcción de un cementerio en los mencionados terrenos del Camino de Bollullos, la instalación de unidades de enterramiento, la creación y explotación de «las instalaciones necesarias para la prestación del servicio de tanatorio y crematorio para la incineración de cadáveres», los «servicios integrales funerarios» del recinto y «la percepción de derechos, tasas o precios públicos que procedan» merced a los citados servicios.

Mientras la concesión contempla un plazo de 40 años, bajo la premisa de que «el concesionario asumirá en todo caso el riesgo en función de la inversión realizada», el precio inicial de licitación estaba fijado en 5.560.573 euros y el canon anual a satisfacer por la entidad concesionaria a favor del Ayuntamiento será «como mínimo del cinco por ciento de los ingresos totales previstos», siendo fijados 19.286 euros para el primer año.

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