La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este martes un juicio contra dos hermanos, por apropiarse presuntamente de 987.339 euros de las cuentas bancarias de ocho sociedades de las que habían sido cesados como administradores a cuenta de una deuda arrastrada por una novena empresa que encabezaban ambos.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son Miguel y Manuel B.G., administradores solidarios de la sociedad Profinsur, quienes firmaron en 2008 un contrato con la empresa Aditel para que la misma se encargase de la construcción de ocho huertos solares en Salteras.
Los encartados contaban además con otras ocho sociedades mercantiles previamente constituidas, respecto a las cuales concertaron el mismo número de pólizas de préstamo para la financiación de los huertos solares objeto del contrato con Aditel, «cubriendo así el precio fijado en el mismo», que ascendía a algo más de cuatro millones de euros, IVA incluido, con un «calendario de pago de las partes contratantes» del proyecto de huertos solares.
Garantizar el pago de la deuda
Pero ante «el incumplimiento del calendario de pagos», los acusados y Aditel firmaron meses después una novación del contrato inicial, mediante la cual era constituida una prensa sobre las participaciones sociales de las mencionadas ocho sociedades, «para garantizar el pago de la deuda pendiente por parte de Profinsur».
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«Llegado el momento», al no ser tampoco atendido el pago de la deuda pendiente, Aditel «ejecutó la prenda» acordada y se adjudicó en subasta pública las participaciones sociales de las ocho sociedades mercantiles de los encartados, para extinguir la deuda de Profinsur, tras lo cual Aditel acometió el cese de los hermanos acusados como administradores de tales sociedades que se había adjudicado.
«A sabiendas de que estabas cesados»
Fue en este punto, según la Fiscalía, cuando los acusados, «puestos de común acuerdo y a sabiendas de que estaban cesados en sus cargos como administradores solidarios» de las citadas ocho sociedades, entre abril de 2009 y mayo de 2010 «continuaron disponiendo de cantidades dinerarias de las cuentas bancarias» asociadas a las citadas ocho entidades mercantiles adquiridas por Aditel.
Los acusados, según el Ministerio Público, ordenaron transferencias, emitieron pagarés que se cargaron a las citadas cuentas y realizaron disposiciones de efectivo «en interés propio», llegando a distraer de dichas cuentas «987.339 euros», hechos por los que la Fiscalía les achaca un presunto delito de apropiación indebida, por el que pide para cada uno de ellos cinco años de cárcel y sendas multas de 2.880 euros.