Después de que Eustaquio Castaño (Grupo Independiente Sanluqueño, GIS) renunciase a la Alcaldía de Sanlúcar la Mayor y a su acta de concejal alegando motivos de «salud», -pesando no obstante su condena a cuatro años de inhabilitación-, el Gobierno local de GIS y el PP apostará por que el segundo teniente de alcalde, Juan Salado, de la citada fuerza independiente, tome el bastón de mando.
La concejal de Comunicación, Carmen Sáez, ha explicado a Europa Press que de cara a la nueva sesión de investidura que habrá de celebrar el Ayuntamiento a cuenta de la renuncia de Eustaquio Castaño, el actual gobierno de coalición conformado por el GIS y el PP propondrá la candidatura de Juan Salado, de quien ha destacado su trayectoria de gestión en el Ayuntamiento y su compromiso con la localidad.
«Confianza» en Juan Salado
Juan Salado, según ha dicho, ha asumido el peso institucional frente a la situación sanitaria de Eustaquio Castaño y ha demostrado ejercer «bien» la gestión municipal, tratándose de una persona «sencilla, llana», que proyecta «confianza» y a quien sólo mueve el interés por la mejora del municipio.
En concreto, el alcalde de Sanlúcar, que tras las elecciones municipales de 2019 había recuperado el poder conformando un gobierno conjunto entre GIS, el PP y Sanlúcar Activa, anunciaba su decisión de dimitir en un reciente pleno «por recomendación médica» a cuenta de su «delicado estado de salud».
Previamente, había cesado como responsable de Recursos Humanos y otras materias al concejal del grupo independiente Sanlúcar Activa Manuel Macías, quien atribuye su cese a no haber «hecho lo que quiere el alcalde», motivando así la salida de dicho grupo independiente del gobierno de coalición conformado entre GIS, el PP y Sanlúcar Activa.
Además, su anuncio de renuncia surgía después de que la Audiencia de Sevilla desestimase su recurso de súplica contra un auto de junio de 2020 de dicha instancia que no admitía su anuncio de recurso de casación contra la sentencia que confirma la condena a cuatro años de inhabilitación para cargo público que le impuso el Juzgado de lo Penal número ocho, por un delito de prevaricación urbanística.