Tras el último pleno celebrado por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, marcado por el anuncio de Eustaquio Castaño (GIS) de dimitir como alcalde y la aprobación de la moción promovida por los grupos de oposición, PSOE, Adelante, Sanlúcar Activa y Vox; para reprobarle por su condena a cuatro años de inhabilitación. Tales grupos han pedido la dimisión del resto del gabinete municipal y auguran la «formación de un gobierno alternativo».
En concreto, el alcalde de Sanlúcar, que tras las elecciones municipales de 2019 había recuperado el poder conformando un gobierno conjunto entre GIS, el PP y Sanlúcar Activa, anunciaba su decisión de dimitir en el pleno de este pasado viernes «por recomendación médica» a cuenta de su «delicado estado de salud».
Previamente, había cesado como responsable de Recursos Humanos y otras materias al concejal del grupo independiente Sanlúcar Activa Manuel Macías, quien atribuye su cese a no haber «hecho lo que quiere el alcalde», motivando así la salida de dicho grupo independiente del gobierno de coalición conformado entre GIS, el PP y Sanlúcar Activa.
Además, su anuncio de renuncia surge después de que la Audiencia de Sevilla desestimase su recurso de súplica contra un auto de junio de 2020 de dicha instancia que no admitía su anuncio de recurso de casación contra la sentencia que confirma la condena a cuatro años de inhabilitación para cargo público que le impuso el Juzgado de lo Penal número ocho, por un delito de prevaricación urbanística.
«Salvar a Sanlúcar del caos»
En ese sentido, PSOE, Adelante, Sanlúcar Activa y Vox exponen que no pueden «permitir que siga degradándose la vida política», sino que es «el momento de estar por encima de las diferencias ideológicas». «Debe primar la responsabilidad y la cooperación para salvar a Sanlúcar del caos y el esperpento en el que la ha sumido el peor gobierno de la historia de la localidad», sostienen.
Desde Adelante tienden la mano al resto de fuerzas para conformar un gobierno alternativo a GIS: «Nos gustaría que lo mejor de cada partido pudiera formar parte del gobierno y sumar, pues estamos en una situación excepcionalmente mala y se trata de superarla entre todos. Pero si no fuese posible un gobierno amplio, que al menos se forme un gobierno que trabaje codo con codo con el resto del pleno. El ordeno y mando y las prácticas dictatoriales no tienen cabida en la Sanlúcar del siglo XXI».
Desde Adelante-IU entienden que la formación del nuevo gobierno exige generosidad, diálogo y olvidar los cálculos electoralistas, para centrarse en reactivar la actividad económica y restablecer la seguridad ciudadana. Vicente Terenti, portavoz, señala que apuestan por un gobierno de unidad, donde se integren todos los grupos del pleno que aboguen por una política basada en la responsabilidad, el respeto y colaboración entre los grupos políticos y donde prime atender las necesidades reales del pueblo.
La reprobación del alcalde
Por si fuese poco, en el pleno en el que hizo oficial su decisión de dimitir figuraba una moción promovida por todos los grupos de oposición, el PSOE, Adelante, Sanlúcar Activa y Vox; para reprobarle por aspectos como su condena judicial, sus gestiones para asuntos «informados negativamente por los técnicos municipales que responden exclusivamente a intereses personales y familiares», su «nula acción de gobierno», su «falta de transparencia», su «arrogante falta de diálogo», la «omisión» de múltiples sesiones plenarias o la «grave crisis política» de su equipo con diferentes alteraciones.
Dicha reprobación por lo «catastrófico» de su nuevo mandato como alcalde fue finalmente aprobada por diez votos favorables de los concejales del PSOE, Adelante, Sanlúcar Activa y Vox y seis votos contrarios del GIS y el PP, sin que votase el alcalde pues en el transcurso de la sesión plenaria se ausentó de la misma alegando motivos de salud.
Y es que entre los múltiples motivos esgrimidos para reprobar al alcalde, quien aún debe hacer efectiva su renuncia, figuran las declaraciones del edil cesado de Recursos Humanos respecto a decisiones institucionales destinadas a «servir a los intereses particulares de personas vinculadas al Gobierno, incluso como familiares directos del alcalde»; así como palabras de una concejal del Gobierno local señalando supuestas «contrataciones a dedo» e «ilegalidades».
Además, avisan de que desde que comenzase el actual mandato municipal, el primer edil no ha promovido unos nuevos presupuestos del Ayuntamiento, lo que acarrea «graves consecuencias para la economía y la vida de las familias, pues ha impedido la aplicación de las medidas de ayuda» específicas que requiere la pandemia.