Durante la mañana de hoy y hasta el mediodía del sábado, los residentes del centro de mayores Asisttel de Tomares irán abandonando el que era su hogar para trasladarse hacia sus nuevas residencias. Antes del lunes a las 10:30 el edificio debe estar vacío.
Un desahucio que ya ha comenzado y sobre el que hay muy pocas esperanzas de que se detenga. «Ya se han ido desalojando las oficinas y algunos muebles. Todavía no se ha tocado ninguna habitación ni pertenencia de los residentes, pues son sus bienes personales y son inviolables por ley», explica Víctor Rivas, gerente de la residencia.
Pilar, residente de 90 años con antecedentes psiquiatricos, será desplazada en un Cabify junto a su hijo Pablo hacia su nueva residencia. Vivirá junto a la mayor parte de sus actuales convivientes; las familias se han coordinado para elegir el mismo centro con el objetivo de que el nuevo destino sea lo más parecido a la residencia que le han obligado a abandonar.
Temen por el empeoramiento de la salud de sus familiares al sentirse desubicados después del traslado: nueva habitación, nueva cama, nuevos cuidadores. «Las consecuencias pueden ser fatales. Además, cuando lleguen, van a tener que guardar 14 días de aislamiento pese a estar vacunados. No entendemos que se ejecute el desahucio en mitad de esta situación», explica Pablo.
Las familias han escrito al juez para que suspenda el desahucio, sin éxito. Asisttel ha ofrecido un fraccionamiento de 150.000 euros en cuatro pagos a Anturbi SL, la propietaria del edificio, pero esta lo ha rechazado. «Esa empresa solo quiere el edificio, solo piensa en el rédito. Se dedican a la especulación inmobiliaria», explica Víctor Rivas.
La Junta ofrece alternativas, pero advierte a las familias
La Junta de Andalucía ofreció públicamente una alternativa a los mayores que no fueran recogidos por sus familias. En el caso de que fuera así, posteriormente se guardaría el derecho a solicitar los costes a las familias vía civil.
«Estamos a expensas de conocer qué ocurrirá con el desahucio, pero como hicimos con las dos residencias cerradas por la Fiscalía, a instancia nuestra, por no cumplir con las normas básicas en el cuidado de mayores, reubicando a sus residentes en Huerta Palacio, también lo haríamos en este caso», afirmó la consejera Rocío Ruiz este jueves.
En una carta, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación advirtió a las familias de que en el caso de no recoger a los residentes incurrirían en un delito de abandono. «Piensan que por provenir de un centro privado, las familias tenemos dinero para pagar otra residencia de un día para otro. Y desde luego, no es mi caso. No nos han ofrecido ninguna plaza pública«, explica Pablo.
«Estamos desolados. No tiene sentido que se haga ahora. La ley tiene que cumplirse y entiendo que el juez, frente a un impago, dicte una sentencia… ¿pero justo ahora? ¿en medio de una pandemia?«, replican desesperadas las familias.