En la encuesta de Aljarafe Digital de esta semana, una inmensa mayoría de los lectores de nuestro diario están a favor de que Juan Carlos de Borbón sea juzgado por la justicia española por las sospechas de tráfico de influencias y cohecho que le acechan.
Han participado 3.941 personas, de las que el 90.86% se muestran favorables a la investigación, y un 9.14% se muestran en contra
Las posibles responsabilidades penales del rey emérito responden al presunto cobro de 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí y su posterior ocultación al fisco español.
Las posibilidades de que Juan Carlos de Borbón sea investigado están mediadas por varias trabas propias de la figura del Jefe del Estado en el ordenamiento jurídico español y por las propias dificultades probatorias de este tipo de delitos.
La primera dificultad es la inviolabilidad constitucional de la figura del Rey. El debate entre juristas es total: algunos consideran que la figura jurídica de la no responsabilidad del monarca permanece cuando abandona la jefatura del Estado, mientras que otros juristas considera que la inviolabilidad se pierde toda vez que abdica en su hijo.
La postura actualmente oficial y de mayor solidez es la promulgada por los letrados de las Cortes, quienes ya se han tenido que posicionar por las peticiones de investigación de distintos grupos parlamentarios. Su postura es que la inviolabilidad continúa tras la abdicación.
La otra dificultad para que Juan Carlos de Borbón sea investigado es la demostración de dolo en la obtención de los 65 millones de euros. Dilucidar si la cantidad recibida fue una comisión vinculada a la adjudicación de los contratos de AVE a La Meca es fundamental para considerar ilícito el origen del dinero y por lo tanto juzgar los hechos como posible tráfico de influencias, cohecho y posteriormente blanqueo de capitales. Que ese dinero fuera objeto de comisión es difícil de probar.
Por último, los delitos derivados de la ocultación al fisco de esta cantidad millonaria, que el rey emérito traspasó a Corinna en el año 2012 y por lo tanto hoy no pertenecen a Juan Carlos de Borbón, estarían ya prescritos. Por esta razón las posibilidades de responsabilidad penal de la ocultación serían presumiblemente nulos.