La residencia de mayores de Joaquín Rosillo ha sido el epicentro del coronavirus en el Aljarafe. Se desconoce la cifra exacta de fallecidos pero fuentes de la Junta de Andalucía y partidos de la oposición coinciden en que al menos 30 personas no superaron el virus y lamentablemente acabaron perdiendo la vida.
La residencia Joaquín Rosillo se encuentra en San Juan de Aznalfarache y gestiona 180 plazas privadas y concertadas con la Junta de Andalucía. En abril la Fiscalía abrió diligencias informativas sobre esta residencia y la investigación sigue su curso sin que se haya desvelado más información al respecto.
Ahora Adelante Andalucía realiza una pregunta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través del parlamento andaluz sobre la gestión y deberá ser respondida por el gobierno de Moreno Bonilla.
Así, la formación que lidera Teresa Rodríguez pretende arrojar luz a las sospechas sobre una posible gestión deficiente de la crisis en la Joaquín Rosillo y que incluso elevó denuncias públicas de algunos trabajadores del centro.
En el registro de Adelante se pregunta sobre las «actuaciones realizadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía en la residencia desde que se decretó el estado de alarma».
Como reza la exposición de motivos, en «aras de la transparencia y el derecho a conocer la realidad», Adelante también pregunta al gobierno autonómico por el número de contagios de ancianos y personal laboral confirmados en las pruebas de la Covid-19, cuántos fallecimientos se han producido y cuántos residentes han necesitado hospitalización.
Más allá del debate político en medios de comunicación y en los plenos parlamentarios, siempre susceptibles de abuso de retórica, este tipo de «pregunta con ruego de contestación escrita» suelen ser la vía más eficaz para conocer datos oficiales sobre distintas cuestiones que competen a la administración pública.
Adelante utiliza este recurso después de haber fracasado por la vía penal, pues el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla archivó la denuncia interpuesta por esta formación política el pasado 30 de abril. En el auto de archivo se explicaba que «no se aprecia el nexo causal necesario para investigar un posible delito de imprudencia grave con resultados de muerte».