El desahucio de Rocío Martínez, vecina de San Juan de Aznalfarache, estaba previsto para el próximo 13 de abril. Con el calendario encima y tras dos años de lucha, el Ayuntamiento de San Juan daba a conocer esta tarde la paralización del lanzamiento que hubiera dejado a esta madre y sus dos hijos en la calle.

La denuncia pública de su historia, la presión de la plataforma Stop Desahucios y el 15M Vivienda de San Juan junto a la negociación del ayuntamiento sanjuanero con la propietaria -Caixabank- han logrado un desenlace feliz para esta situación de extrema vulnerabilidad.

Rocío Martínez es limpiadora de profesión y madre de tres hijos, pero el diagnóstico de un cáncer de colón le impidió seguir trabajando y hacer frente a los pagos de su alquiler. Además tenía que seguir haciendo frente a la manutención de dos hijos a cargo y a los gastos derivados de su enfermedad.

Pese a a la incapacidad laboral, su alquiler se vio incrementado en un 75% y las deudas se fueron acumulando hasta que la empresa propietaria quiso echar a Rocío de su casa a través de una demanda de desahucio. En el marco de la desesperación, Rocío decidió contar su historia en el marco de una campaña que los colectivos sanjuaneros han realizado ante la grave crisis de desahucios que están padeciendo más de un centenar de familias en la ciudad.




La afectada agradecía entre lagrimas a los colectivos y a los servicios sociales municipales el apoyo: «Bendito el día que los conocí, porque si no llega a ser por ellos yo no estoy aquí». Actualmente sigue librando su batalla contra el cáncer, encontrándose en periodos de tratamiento de quimioterapia.

Un alquiler social para Rocío

La Caixa finalmente ha desistido en el reclamo de la expulsión de Rocío pidiendo la suspensión del desahucio tras meses de negociación con el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a través de la delegación de Protección a la Vivienda y de la Oficina de la Vivienda de la localidad. La delegada de Vivienda, María José Quesada, ha querido «reconocer el esfuerzo que ha realizado la entidad bancaria tras las muchas gestiones realizadas».

El acuerdo alcanzado incluye la propuesta de La Caixa a su inquilina de un alquiler social asequible para su actual situación económica. La intención es que el alquiler social que se proponga tenga una duración de 7 años.




Por otra parte, según afirma el consistorio, la entidad ha trasladado su disposición a estudiar con detalle la situación de otras familias que se encuentren en condiciones similares a las de esta vecina.

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