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El Juzgado número cinco de Sanlúcar la Mayor ha citado al exalcalde de dicha localidad y actual primer teniente de alcalde y edil de Servicios Sociales, Accesibilidad y Mantenimiento, Juan Salado, de Sanlúcar en Positivo, para que comparezca como investigado el 5 de junio, al apreciar la Fiscalía un posible delito de prevaricación por el presunto «fraccionamiento de contratos públicos» en su anterior etapa como regidor, al objeto de eludir supuestamente las «formalidades» de la normativa.
Así figura en un auto emitido el pasado 5 de febrero por dicha instancia judicial, en el que merced a una denuncia del Grupo Independiente Sanluqueño (GIS), partido al que pertenecía Salado cuando gobernaba y del que fue expulsado junto con tres de sus entonces ediles, el juzgado cita como investigado al ex primer edil, quien actualmente cogobierna junto al PSOE. Además, el juzgado también cita como investigado para ese día a Antonio P.P., administrador único de la sociedad Urbaser.
Igualmente, el juzgado ordena la «averiguación domiciliaria» de Jesús Cutiño, edil del gobierno local del anterior mandato municipal también expulsado del GIS junto con Salado, y del que fuese edil responsable de Recursos Humanos y otras materias Manuel Macías, de Sanlúcar Activa.
Y es que las actuaciones se dirigen contra Juan Salado por su papel de alcalde a la fecha de los hechos, Jesús Cutiño como entonces primer teniente de alcalde, Macías como otrora cuarto teniente de alcalde y el citado directivo de Urbaser como responsable de la empresa.
Según la Fiscalía, de la denuncia del GIS se dilucida un posible delito de prevaricación, «motivado por el fraccionamiento de contratos públicos de servicios al objeto de salvar de forma injustificada las formalidades de licitación normativamente establecidas, solicitando que testifiquen el interventor y el secretario del Ayuntamiento sobre los contratos que a juicio de la investigación han supuesto el levantamiento de reparos» de tales habilitados nacionales «de forma contraria a la normativa aplicable».
Por eso, el juzgado pide librar oficio al Ayuntamiento de Sanlúcar, para cosechar los datos de filiación de estos altos funcionarios y citarles como testigos.
El juzgado cita además jurisprudencia según la cual «el fraccionamiento de contratos de servicios con la finalidad de evitar los controles normativamente establecidos» supone «una contrariedad con el ordenamiento jurídico».