El vicepresidente de la Junta de Andalucia, Juan Marín, ha abordado ante los periodistas sevillanos la preocupación de muchos vecinos del Aljarafe y la provincia por el virus del Nilo que ya se ha cobrado tres víctimas mortales.
Marín ha defendido la labor del ejecutivo andaluz y ha asegurado que «no nos podemos volver locos y fumigar toda Andalucía». «Se está autorizando la fumigación de determinados espacios, pero no todo es posible», ha asegurado el líder de Ciudadanos en Andalucía ante las críticas de los consistorios de Coria del Río y Puebla del Río por la falta de acción de la administración autonómica.
«No es excusa para que se actúe pero hay que hacerlo con informes de expertos y analizar dónde están estos nidos y focos, que se han detectado 17 o 20 y hay que ir eliminándolos», ha enfatizado Juan Marín.
Choque de interpretación legislativa sobre las cometencias epidémicas
El conflicto entre las adminsitraciones locales y andaluzas residen en las competencias de intervención ante la crisis que ha generado la presencia del mosquito transmisor del virus.
En un texto remitido a los ayuntamientos de Coria y Puebla, titulado el «Plan de actuación en municipios ante el brote de West Nile», la Consejería de Salud hace alusión a los artículos 14 y 15 del Decreto 8/1995 que modifica el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias, para argumentar que son los ayuntamientos quienes deberán diseñar y aportar un Plan de Actuación a la Delegación Territorial de Salud y Familias para su posterior aprobación.
Por su parte, ambos regidores contestaban en un escrito a la Consejería motivando que las competencias de «vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos» es competencia de la Administración Sanitaria Pública de Andalucía, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía en sus artículos 55.2 y 92.2, y según la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía en su artículo 15. Dos textos legislativos jerárquicamente superiores al reglamento referido por la Consejería de Salud, y también posteriores en el tiempo, por lo que derogan aquel decreto de 1995.